La continuidad de los servicios, la universalización del acceso y la mejora de la calidad de las redes depende del esfuerzo compartido del Estado, ciudadanía y empresas. Por eso es fundamental seguir trabajando día a día para garantizar los mejores servicios, aliviar el pesado entorno fiscal y regulatorio, implementar acuerdos para mantener la conectividad de la población vulnerable, y que aquellos ciudadanos que pueden pagar sus facturas lo hagan para contribuir a la estabilidad y continuidad de los servicios.
Desde el inicio de la pandemia el sector de las telecomunicaciones ha sido fundamental para el mantenimiento de la actividad económica, educativa, informativa, de entretenimiento y de relacionamiento social; y pese a los aumentos de tráfico, las redes se han mostrado resilientes gracias a las inversiones realizadas por las empresas públicas y privadas que operan en el país.
Por este motivo, es imprescindible que Ecuador cuente con un marco de sostenibilidad para el sector y el cierre de la brecha digital, de forma que esta industria pueda continuar contribuyendo de manera destacada al crecimiento, equidad y desarrollo económico.
El país tiene las cargas fiscales y regulatorias específicas más altas de toda la región, por eso políticas de racionalización tributaria, como la eliminación del ICE para los usuarios, la disminución de cargas regulatorias o la exoneración del pago de IVA e ICE sobre facturas impagadas e ingresos no recaudados por las empresas en las circunstancias actuales, son medidas que podrían contribuir solidariamente a garantizar la continuidad, mejora y extensión de los servicios, bajo el principio de solidaridad compartida de empresas, Gobierno y ciudadanos.
Las consecuencias económicas de la pandemia y el aumento de la morosidad, que hoy supera el 50%, requieren de medidas de alivio para la industria que acompañen las medidas gubernamentales de diferimiento de pagos y del pago oportuno de las facturas por parte de los ciudadanos que estén en condiciones de hacerlo.
Es fundamental que existan acuerdos de pagos con apoyo público y privado para sostener la conectividad de las personas que atraviesan dificultades económicas como consecuencia de la crisis, pero medidas genéricas que fomentan el impago de quienes sí tienen posibilidad de abonar sus facturas van en detrimento del sostenimiento y la calidad del servicio de todos.
El esfuerzo debe ser compartido, poner frenos en el avance de la digitalización del país serán una dificultad añadida para la recuperación económica en la post pandemia y retrasarán el cierre de la brecha digital.
