La pandemia del COVID-19 transformó al mundo. De un día para el otro, el confinamiento de millones de personas obligó a cambiar la forma en que trabajamos, estudiamos, compramos, nos entretenemos y nos relacionamos con nuestros seres queridos. Las herramientas digitales fueron el motor de esa transformación. La conectividad permitió que gobiernos, negocios y personas continúen con sus actividades.
Su importancia fue tan clara que muchos gobiernos adoptaron medidas temporales para sostenerla y apuntalarla, como acceso sin costo a espectro o exenciones impositivas. Tras varios meses de pandemia, es necesario evaluar cuáles de esas medidas deberían mantenerse y profundizarse, qué regulaciones deben cambiar, y qué nuevas políticas deberían ser implementadas para continuar garantizando la vital conectividad más allá de la emergencia. Las herramientas que nos trajeron hasta donde estamos hoy podrían no ser las mismas que nos llevarán hacia adelante.
Apenas iniciada la emergencia, quedaron claras dos lecciones. Por un lado, la importancia de contar con infraestructura digital resiliente; en la mayoría de los países, las redes fijas y móviles soportaron el estrés del aumento y cambio de patrón del tráfico. Por el otro, la urgencia de acelerar la inclusión digital; en un contexto de reducción de transacciones y actividades físicas, la conexión a internet se convirtió en casi la única conexión con el resto del mundo.
De estos dos aprendizajes se desprendió un tercero, los países que establecieron mejores políticas públicas de conectividad y adopción digital estuvieron y están en mejor situación para hacer frente a los desafíos de la pandemia, incluyendo el proceso de recuperación económica. En América Latina y el Caribe, de acuerdo a estimaciones de la CEPAL, al cierre de 2020, el PBI per cápita será similar al que había en 2010, es decir, se producirá un retroceso de diez años en el nivel de ingreso por habitante.
Estas lecciones dan marco a las discusiones regulatorias que hoy tienen lugar en la región. Ante el despegue de una tecnología con el potencial de ser un activo estratégico para el aumento de la productividad como es el 5G, las decisiones por venir determinarán el papel de América Latina dentro de la economía digital, y como puede capitalizar sus beneficios.
Cada debate sobre fijación de precios del espectro, gravámenes de los dispositivos y servicios móviles, requisitos y procesos para el despliegue de infraestructura o el impacto de la neutralidad de la red en los nuevos servicios, por nombrar algunos, contribuirá a la discusión sobre las políticas públicas para lograr una Latinoamérica digital y realmente conectada.
Se dice que la pandemia puso en tiempo presente al “futuro digital”. La aceleración es ahora, y solo se puede lograr a través de la articulación de los distintos actores: las compañías, los hacedores de políticas públicas, los reguladores sectoriales y las organizaciones internacionales. También junto con las industrias adyacentes y los diversos poderes y niveles de gobierno: diputados, senadores, alcaldes, ministerios de hacienda y finanzas, entre otros.
La pandemia nos mostró la importancia de construir sociedades y economías más resilientes a través de más y mejor conectividad. Los esperamos en este nuevo escenario virtual para abordar este desafío.
Por Lucas Gallitto, Public Policy Director de GSMA
