América Latina es una de las regiones con mayor pobreza en el planeta y México contribuye con la estadística. De acuerdo con el Banco Mundial, existen 130 millones de personas en América Latina que viven con menos de 4 dólares diarios, y otro estudio Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe, de Vakis et allius, revela que uno de cada cinco latinoamericanos ha vivido en pobreza toda su vida. Por otro lado, en México, hay 53 millones de personas en condición de pobreza, de éstos, 13 millones se encuentran en pobreza extrema y casi 75% de la población padece, por lo menos, una carencia social.
Lamentablemente muchos de los programas sociales de la región carecen de objetivos y metas claras, son deficientes en cobertura, les falta mayor monitoreo y existe ausencia, en muchos casos, de indicadores que reflejen su desempeño y su mejora. Empero también los recursos públicos resultan insuficientes para el abatimiento de la pobreza, ante una tributación deficiente.
La recaudación es muy baja y en la gran mayoría de los países de la región, resulta insuficiente para atender los satisfactores básicos de la población como salud, alimentación y educación, ni para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible (que supondría una recaudación mínima de 20% de Producto Interno Bruto). Las razones detrás de esta situación es una baja tasa impositiva a los estratos altos de la población, exenciones injustificadas; así como evasión y elusión fiscal.
Así, por ejemplo, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Oxfam, 10% más rico de la población de la región paga una tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta muy baja (5.4%), frente a Estados Unidos (14.2%) y algunos países europeos, que incluso excede 20%.
Sin embargo, no sólo se requiere una mayor tasa de gravamen para los estratos altos, sino también gravar a ciertas empresas que han sido tradicionalmente protegidas, como las multinacionales. La investigación de la Cepal y Oxfam revela que la evasión de impuestos le cuestan a América Latina y el Caribe 6.3% del PIB, o sea 320 mil millones de dólares, que se explica por un sistema tributario deficiente y disfuncional.
Muchos de estos recursos terminan en paraísos fiscales, en lugar de incidir positivamente en la calidad de vida de la población. El mismo estudio recuenta que entre 2002 y 20015 las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio 21% anual, que es seis veces el PIB de la región. Mucha de esta riqueza generada o se le impone un gravamen muy bajo o queda exenta o termina en paraísos fiscales.
Lo que se requiere es que los gobiernos simplifiquen procedimientos, reduzcan la evasión y elusión fiscal; aumenten la base gravable y promuevan la integración de empresas y trabajadores a la formalidad y disminuyan las exenciones de los que más tienen; así como se hagan deducciones para sectores clave como pequeñas y medianas empresas, reinversión de utilidades que se destinan a aumentar capacidad productiva o aportaciones personales a instrumentos de ahorro.
El sistema tributario en América Latina presenta múltiples áreas de oportunidad. En México, se ha avanzado mucho en algunos de estos temas, como, por ejemplo, la creación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) en 2014 el cual ha dado un avance significativo para incorporar nuevos micronegocios a la formalidad. Sin embargo, aún queda pendiente, una reforma fiscal integral.
