El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la transmisión de las comunicaciones móviles que hoy se encuentran en la víspera de evolucionar a una nueva generación de capacidades y velocidades de transmisión, la 5G.
En días recientes, se dio a conocer una iniciativa de la SHCP para actualizar y establecer nuevas cuotas anuales por el uso y explotación del espectro radioeléctrico en las bandas de 600 MHz, 800 MHz, 1,500 MHz y 3.5 GHz. Precisamente, estas bandas son fundamentales para el desarrollo de redes 5G.
La propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos contempla un alza de 56.5% en las cuotas anuales aplicables a diferentes bloques correspondientes a la banda de 800 MHz y propone la creación de erogaciones para bandas que no estaban sujetas a este régimen de pago de derechos. Todo, por arriba de los estándares internacionales para las mismas bandas.
De aprobarse esta iniciativa, se estaría encareciendo la estructura de costos para el despliegue de 5G para los operadores de telecomunicaciones móviles, quiénes ya desde hace mucho tiempo han denunciado como desmedida la política recaudatoria del Estado, por un insumo esencial para sus operaciones. Incluso esta ha propiciado la devolución de espectro por parte de Movistar, quien han optado mejor por no contar con espectro y mejor adquirir capacidades de otros jugadores para proveer servicios.
No obstante, al ser parte de la función de producción, será inevitable para los operadores móviles desembolsar más recursos para hacerse de este recurso esencial y acceder a sus capacidades que se suma a la pesada estructura impositiva que tienen que enfrentar para ofrecer servicios en el mercado. Consecuentemente, se anticipa un alza en los precios finales de estos, resultante del aumento en costos, a pesar de las eficiencias generadas por el despliegue de una nueva generación de redes.
En la actualidad, el uso intensivo que hacemos de conectividad móvil resulta para nosotros, los consumidores en que, nuestra función de demanda por estos servicios sea crecientemente inelástica. Es decir que, ante aumentos en sus precios, no podremos bajar nuestra cantidad demandada de esos servicios. Las estadísticas muestran que, como usuarios, hoy preferimos recortar el gasto en otros bienes y servicios, que prescindir de nuestra conectividad móvil.
Este evidente acto de desesperación fiscal, resultará simultáneamente en afectaciones para los consumidores en términos de pérdidas en el bienestar social a partir del alza (injustificada) de precios de los servicios móviles, resultante del encarecimiento en términos de la estructura de costos de los operadores móviles para el despliegue de redes 5G.
Por Ernesto Piedras, Director General de The CIU.
