Las disposiciones sobre el régimen del Aporte por Regulación del OSIPTEL, que establece el nuevo Decreto 134-2021 en Perú, son una señal negativa para el desarrollo de la Industria de las Telecomunicaciones en el país al modificar el porcentaje y la base de cálculo para los aportes de las empresas operadoras en concepto de aporte por regulación.
Con este cambio, los montos de la alícuota pasan del actual 0.5% de los ingresos hasta casi el 0.8% desde 2022 a 2024. Asimismo, el cambio en la base de cálculo implica que el regulador pase a recaudar por la facturación anual por la prestación de servicios de telecomunicaciones, aunque los mismos no hayan sido efectivamente recibidos por las prestadoras, en un contexto de alta morosidad en el mercado de telecomunicaciones peruano, incluso antes de la pandemia.
Este tipo de medidas, con fines recaudatorios, son trabas para la expansión de la conectividad y perjudican la asequibilidad del internet al repercutir directamente en la facturación que paga el usuario, afectando en mayor grado a peruanos de menores recursos o que aún no están conectados.
Incentivar las inversiones en el sector de telecomunicaciones para asegurar la expansión de la conectividad y seguir mejorando la asequibilidad para todos debería ser una de las prioridades del nuevo gobierno. Es incongruente que en un entorno de crisis con necesidad de generar inversiones se establezcan aumentos de tributos que financian al órgano regulador.
La promoción de la inversión y el desarrollo de un Ecosistema Digital pujante será una de las piezas fundamentales para el devenir económico y social del Perú durante este nuevo período de gobierno, considerando el papel clave de las redes de telecomunicaciones para la transformación digital que apalanque la recuperación económica.
Según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, en Perú es necesario invertir en el período 2020-2025 USD10.219 millones para alcanzar niveles de conectividad a la altura de los países más desarrollados. Lo que requiere de un marco regulatorio actualizado que promueva la inversión, la innovación y una buena coordinación público-privada para avanzar en la universalización del acceso a los servicios.
Por otra parte, es clave potenciar las habilidades digitales de la ciudadanía para un mejor uso productivo de las TIC; y, en el sector audiovisual, combatir la piratería de contenidos audiovisuales, lo que redundaría en la creación de empleo y la innovación, al tiempo que reducirían la pérdida de recursos fiscales al Estado.
En definitiva, se requiere trabajar para la construcción de una Agenda Digital Nacional transversal, con políticas públicas y regulatorias congruentes con los objetivos de conectividad, construidas desde el consenso y la colaboración público-privada que permita alcanzar los objetivos comunes a mediano y largo plazo. La política fiscal sobre el sector debería ser congruente con estos objetivos en todas sus disposiciones, evitándose aumentos que retraigan recursos para la expansión de las redes.
En este sentido, la industria TIC comparte con el sector público la preocupación por el cierre de las brechas digitales, entendiendo que el acceso de los no conectados, por brechas geográficas, etarias, económicas o de género es prioritario. Para la consecución de los objetivos de conectividad, la industria reafirma su compromiso con Perú.
Por Maryleana Méndez, Secretaria General de ASIET
