Según la Cámara Argentina de Internet (CABASE), la declaración de los servicios de conectividad a Internet como servicio público esencial y estratégico en competencia pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en la gran mayoría de pequeñas y medianas localidades del interior del país.
Los prestadores asociados a CABASE han buscado y mantenido instancias de construcción de diálogo con autoridades nacionales del sector, así como con autoridades legislativas del Congreso Nacional, a fin de consensuar soluciones y políticas para los diferentes desafíos que presenta el desarrollo del sector TIC, incluyendo la universalización de la conectividad del país, para llegar a conectar al 37% de los hogares del país que aún no tienen internet fija.
«El DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores PyMEs y cooperativos. El mercado argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para PyMEs y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores», expresaron desde la cámara.
Además CABASE aseguró que «la continuidad de estos servicios de conectividad en condiciones de calidad requiere de la permanente realización de inversiones en redes y equipos, en más de un 80% dolarizadas, que se solventan con capital propio, sin acceso a fuentes nacionales o internacionales de financiación y que se repagan a partir de los precios en pesos cobrados a los usuarios que utilizan los servicios».
La cámara también detalló que se necesita una regulación inteligente, que discrimine a los grandes operadores del resto a través de regulaciones asimétricas, para que se generen en todo el país las condiciones que permitan nivelar la cancha impulsando activamente una mayor participación de las PyMES y cooperativas en el mercado, para que sean estos actores los que con sus inversiones locales quienes lleven internet al 37% de los hogares del país que aún no cuentan con conectividad.
«La decisión de calificar un servicio o una actividad económica como un servicio público esencial y estratégico en competencia no hace por sí misma que esos servicios sean de mejor calidad, más accesibles y ni siquiera que lleguen a más personas. Eso es algo que solo puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país», concluyeron desde CABASE.
