Diputados del oficialismo encabezado por Pablo Carro, quien es también presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de Argentina, presentaron la semana pasada un proyecto de ley llamado: Actualización del marco regulatorio de servicios TIC “Argentina Digital”.
La iniciativa busca ser un aporte a la desjudicialización del sector de las telecomunicaciones, que está frenado por la disputa derivada del DNU 690 que dispuso la regulación de precios en servicios del sector.
El proyecto contaría con el consenso del Frente de Todos y retoma la ley Argentina Digital (Ley TIC) aprobada en 2014, que fue en parte derogada por el DNU 267 de la administración de Mauricio Macri en 2015, y también toma parte del DNU 690, de 2020.
En cuanto al control de precios, el proyecto modifica el artículo 48 de la ley TIC. “Las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por esta”. Es decir, cambia “deberán” por “podrán” regular tarifas/precio el ente regulador.
El proyecto retoma que el servicio básico telefónico, el servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades y los servicios de Internet fijos o móviles tienen carácter de servicio público esencial y estratégico en competencia, pero no incluye que los precios de los servicios serán regulados, como lo decía el DNU 690.
El proyecto de ley incorpora un artículo 1° bis a la ley TIC de 2014, donde se declara a las TIC de interés público, y agrega: “Esta norma es de orden público y excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión”.
