La evolución de los métodos y recursos de fraude electrónico afectan a todos los sectores empresariales que desarrollan su negocio en canales digitales, y las compañías de telecomunicaciones no son la excepción. De hecho, se trata de un sector que debido a su acelerado crecimiento, es objeto de diversos y cada vez más complejos tipos de fraude en todo el mundo.
A nivel regional, en América Latina los ciberataques han aumentado entre 30% y 40% en los últimos 3 años, y 6.8% de los pedidos o compras por medios electrónicos se rechazan debido a la sospecha de fraude, aunque dentro de esos rechazos existan transacciones auténticas, no fraudulentas.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), durante el primer trimestre de 2021, el costo monetario por contracargos en compras de comercio electrónico ascendió a $787 millones de pesos, correspondientes a 968,639 transacciones.
Asimismo, durante los primeros cinco meses del año, la Condusef recibió 8,102 quejas por fraudes cibernéticos, cifra que es 89% superior a las quejas recibidas en el mismo periodo de 2020.
Según Vesta, el número de abonados a la telefonía móvil en Latinoamérica llegará a 484 millones en 2025, lo que representa un 73 % de la población total. Como consecuencia, se vuelve cada vez más probable que las numerosas compañías de telecomunicaciones ya existentes y las que van surgiendo se conviertan en objetivos de los estafadores y del fraude electrónico.
A nivel mundial, el costo anual del fraude de identidad en la industria de las telecomunicaciones alcanza una cifra de más de USD32 mil millones. A pesar de que el fraude en este sector ha crecido 37% en los últimos 3 años, sólo 6% de las empresas pertenecientes al mismo utilizan recursos de inteligencia artificial o de aprendizaje automático para protegerse.
