La IA ya forma parte de la rutina de millones de personas y de la operación cotidiana de empresas y organismos públicos. Mientras las aplicaciones se multiplican y aparecen nuevos usos casi todas las semanas, otra conversación gana espacio: cómo establecer reglas que acompañen ese crecimiento, protejan los datos personales y permitan aprovechar la tecnología sin perder de vista los derechos de las personas.
Ese debate reúne hoy a gobiernos, universidades, organismos internacionales y empresas. Las preguntas son cada vez más concretas: quién responde por una decisión automatizada, cómo se controlan los sesgos de un algoritmo, qué datos utiliza un sistema para elaborar una respuesta, de qué manera pueden auditarse esos procesos y cuáles son los límites para tecnologías que ya intervienen en ámbitos tan sensibles como la salud, la educación, el empleo o la administración pública.
«Frente a la opción binaria de que exista una regulación o que no exista, es conveniente que exista para que haya previsibilidad y seguridad jurídica», sostiene Clemencia Nicholson, CEO de Arbusta.
La velocidad con la que avanzó la adopción ayuda a entender por qué estas discusiones pasaron al primer plano. Según McKinsey, el 78% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función de negocio. En América Latina, Boston Consulting Group señala que el desafío ya no consiste únicamente en incorporar estas herramientas, sino en integrarlas de manera consistente a los procesos de las organizaciones y capturar valor a partir de ellas. En Argentina, un estudio de Microsoft indicó que el 85% de las empresas medianas ya utiliza inteligencia artificial y que el 87% de quienes la implementaron reportó mejoras de productividad.
La Unión Europea aprobó el primer régimen jurídico integral para la inteligencia artificial, basado en una clasificación de riesgos y obligaciones específicas para determinadas aplicaciones. La OCDE, la UNESCO y Naciones Unidas también impulsan recomendaciones centradas en transparencia, seguridad, supervisión humana y protección de derechos fundamentales.
En Argentina, el investigador del CONICET Ariel Vercelli observó que las iniciativas públicas vinculadas con inteligencia artificial comenzaron a multiplicarse especialmente a partir de 2022. Su trabajo titulado “Regulaciones e inteligencias artificiales en Argentina” identifica programas gubernamentales, recomendaciones técnicas, mesas interministeriales, proyectos legislativos y estrategias destinadas a promover el desarrollo responsable de estas tecnologías.
El Congreso Nacional empezó a debatir propuestas regulatorias. Entre ellas aparece el proyecto impulsado por el diputado Juan Fernando Brügge, que propone un marco legal integral inspirado en parte por criterios utilizados en Europa. La iniciativa contempla clasificaciones de riesgo, estudios de impacto sobre derechos humanos, mecanismos de revisión humana y obligaciones de transparencia para determinados usos de inteligencia artificial.
El desafío de los próximos años no pasará únicamente por desarrollar modelos más potentes. También dependerá de la capacidad para construir sistemas comprensibles, auditables y compatibles con los derechos de las personas. Como plantea el investigador del CONICET Ariel Vercelli, el objetivo consiste en establecer reglas que permitan «garantizar que las bondades de cualquier desarrollo tecnológico en IA puedan ser aprovechadas por todos los sectores de la sociedad», al tiempo que aseguren «el efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos personales».
