Ante los proyectos de ley e iniciativas de regulación que proponen considerar los servicios de conectividad a Internet como un servicio público, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), expresó su posición contraria a tales iniciativas, por entender que una mayor intervención del Estado no solo no asegura el objetivo último que se declama, que es la universalidad de la conectividad a Internet, sino que como ha sucedido en otras oportunidades, probablemente genere un menor desarrollo y penetración de los servicios de banda ancha.
La entidad comentó que la mera calificación de un servicio o una actividad económica como servicio público no hace por sí misma que esos servicios sean más baratos ni mejores, o siquiera que lleguen a más personas, algo que sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria por parte del Estado, a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país.
Por el contrario, desde la organización explicaron que «la experiencia histórica tiene sobrados ejemplos de la natural incompatibilidad entre la innovación y la regulación cuando se trata del desarrollo y adopción de tecnología». La innovación impulsada por el sector privado ha generado una tasa de penetración del 124% de la telefonía móvil (accesos por cada 100 habitantes) y del 63% en accesos fijos de banda ancha (conexiones cada 100 hogares), sin que estos servicios sean calificados como servicio público o estén sometidos a controles de precios.
«Supongamos por un momento que el servicio de Internet se convierte en un servicio público, y por tanto el estado regula el precio creyendo favorecer al consumidor. Pero con el precio congelado, como proponen, ante una eventual suba del dólar, al ISP no le alcanzaría el dinero para comprar la misma cantidad de Internet (cuyo precio mayorista está en dólares), entonces compraría menos, lo que inmediatamente perjudicaría al usuario final por la degradación del servicio», detallaron desde la cámara.
En el mismo sentido, estar sometidos a una regulación de precios, implicaría que una eventual suba del dólar haga que el equipamiento que utilizan las redes se vea encarecido, por lo que en el mediano plazo al ISP no le alcanzaría para comprar los equipos que necesita para asegurar la calidad de servicio o expandir el alcance de su red.
Sobre la condiciones que serían necesarias para lograr la universalización de los servicios de banda ancha, Marcelo De Ambrosio, Presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet, sostuvo: “Reglas de juego claras para la compartición de infraestructura pasiva en todo el territorio nacional, mayores incentivos fiscales, herramientas de financiamiento y políticas de impulso para operadores PyME y, sobre todo, una mesa de diálogo que contemple a los actores PyME que permita a quienes definen las regulaciones conocer que pasa en la vida real, en las pequeñas y medianas localidades donde está el 37% de los hogares que aún no cuentan con una conexión de banda ancha fija y donde los grandes operadores no tienen servicio”.
“El estado y los legisladores siguen desconociendo que el altísimo nivel de concentración que existe actualmente en el mercado de telecomunicaciones en Argentina, y su consecuente falta de competencia, es lo que impide el desarrollo de más y mejores servicios de internet. Solo a partir de una regulación asimétrica que específicamente busque nivelar la cancha impulsando una mayor participación de las PyME y que tengan mayores facilidades para construir redes de fibra al hogar es posible quebrar este estatus quo. Son las PyME quienes llevan internet al ‘Interior del Interior’ y quienes tienen el potencial de hacer que la libre competencia sea la garantice servicios de internet de calidad para todos los ciudadanos”, concluyó De Ambrosio.
