Las tecnologías de la información (TIC) impactan nuestra vida en todas las áreas, desde la educación, la salud, la justicia y las políticas públicas hasta temas específicos, como la deforestación, la recuperación tras desastres naturales e incluso un tema que hoy nos afecta a todos como es la pandemia del COVID-19.
¿Y cómo es que esas TIC ofrecen beneficios en áreas tan diversas? Eso es lo que se aborda en el podcast Estado Digital, con siete episodios de esta primera temporada producidos por Xook Audio, bajo el auspicio de México Media Lab y Amazon Web Services Institute.
En este ciclo se convocan a expertos de diversos países de América Latina y de distintas áreas con el fin de que expliquen, brevemente, y con sencillez qué hacen con las TICs y cómo ofrecen soluciones y dan respuesta a diferentes desafíos que enfrentan los funcionarios públicos de todo nivel para realizar cada vez mejor su trabajo.
En esta primera temporada pasarán por los micrófonos de Estado Digital, entre otros, un juez argentino, un teniente mayor de la policía chilena, un académico colombiano, un secretario de la corte de Guatemala y dos expertos en deforestación. Esto solo por citar a algunas de las voces expertas que expondrán con claridad cómo se auxilian de la tecnología para hacer su trabajo y mejorar la vida de los ciudadanos.
El podcast Estado Digital es impulsado por Amazon Web Services (AWS) y observa, analiza y describe la vida en Latinoamérica desde la perspectiva de la tecnología. Busca explicar, por ejemplo, cómo usan la tecnología o la nube para resolver problemas económicos y sociales de la región.
En Latinoamérica, las experiencias de Brasil, Chile, México y Uruguay muestran el camino de cómo hacer más eficientes los gobiernos con ayuda de la tecnología. En estos países se ofrece, en más de 50% de los trámites gestionados por el gobierno central, la alternativa de iniciarlos en línea.
De acuerdo con estudios, se pueden resolver muchos de los problemas de las democracias modernas, porque son más rápidos (74% en promedio), más baratos de prestar (cuestan entre 1,5% y 5% de lo que cuestan los trámites presenciales), y son menos vulnerables a la corrupción.
