La IA ya forma parte de la rutina de millones de personas y de la operación cotidiana de empresas y organismos públicos. Mientras las aplicaciones se multiplican y aparecen nuevos usos casi todas las semanas, otra conversación gana espacio: cómo establecer reglas que acompañen ese crecimiento.
«Frente a la opción binaria de que exista una regulación o que no exista, es conveniente que exista para que haya previsibilidad y seguridad jurídica», sostiene Clemencia Nicholson, CEO de Arbusta.
La velocidad con la que avanzó la adopción ayuda a entender por qué estas discusiones pasaron al primer plano. Según McKinsey, el 78% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función de negocio. En América Latina, Boston Consulting Group señala que el desafío ya no consiste únicamente en incorporar estas herramientas, sino en integrarlas de manera consistente a los procesos de las organizaciones y capturar valor a partir de ellas.
En Argentina, un estudio de Microsoft indicó que el 85% de las empresas medianas ya utiliza inteligencia artificial y que el 87% de quienes la implementaron reportó mejoras de productividad.
Para Nicholson, el debate regulatorio ya forma parte de las condiciones necesarias para consolidar el desarrollo de la industria. «La regulación debería contemplar dos principios centrales: flexibilidad, para permitir a los privados reaccionar frente a cambios en el mercado, y claridad normativa, para dejar poco margen a la libre interpretación de los jueces y la discrecionalidad de los funcionarios.»
En Argentina, el investigador del CONICET Ariel Vercelli observó que las iniciativas públicas vinculadas con IA comenzaron a multiplicarse especialmente a partir de 2022. Su trabajo titulado “Regulaciones e inteligencias artificiales en Argentina” identifica programas gubernamentales, recomendaciones técnicas, mesas interministeriales, proyectos legislativos y estrategias destinadas a promover el desarrollo responsable de estas tecnologías.
El estudio, publicado en una revista de la ORT Uruguay, plantea además que la gobernanza de la IA no se limita a la sanción de una ley específica. El concepto incorpora cuestiones como transparencia, protección de datos personales, evaluación de riesgos, registro de sistemas algorítmicos, supervisión humana y participación de distintos actores del ecosistema tecnológico.
El debate en torno a la automatización de procesos comerciales involucra de forma directa a empresas desarrolladoras de soluciones basadas en inteligencia artificial. Un exponente de esto es Prometheo, un CRM nativo en IA que surgió a partir de una iniciativa interna en ITESA. Con una presencia consolidada en mercados de la región como Argentina, México y Colombia a través de alianzas estratégicas, la firma proyecta ingresos de entre $3 millones y $4 millones para este año y ya brinda servicios a una base que supera las 1.000 organizaciones en América Latina.
La evolución de la inteligencia artificial muestra que la discusión sobre regulación difícilmente pueda resumirse en una única ley o en un conjunto de requisitos administrativos. El desafío de los próximos años no pasará únicamente por desarrollar modelos más potentes. También dependerá de la capacidad para construir sistemas comprensibles, auditables y compatibles con los derechos de las personas.
