El Gobierno mexicano, empresarios, sindicatos y productores del campo argumentaron que las medidas se dan en un marco de “condiciones internacionales adversas e inciertas” y buscan la estabilidad económica del país, cuyo magro crecimiento ha estado por debajo de las expectativas oficiales.
La segunda mayor economía de Latinoamérica ha sido golpeada por la baja de los precios internacionales del crudo y una menor producción de hidrocarburos, lo que llevó a fuertes recortes en el gasto público y por ende ralentizó la expansión del Producto Interno Bruto.
Además, el peso ha sido duramente golpeado por la volatilidad internacional y en especial por los temores de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome medidas que golpeen a su vecino del sur, cuya economía está altamente vinculada a la estadounidense.
El peso perdió un 20 por ciento en 2016 y ha caído alrededor de un 3 por ciento en lo que va del año, poniendo presiones adicionales sobre la inflación que se espera rebase este año el objetivo fijo de 3.0 por ciento +/- un punto porcentual.
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ha defendido a capa y espada el alza de las gasolinas, se comprometió a “mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley”.
Pero la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, informó tras la firma del acuerdo que no lo suscribió -entre otras razones- porque no incluía metas claras, objetivos puntuales y métricas para evaluar los avances.
Sin dar detalles de inversiones previstas ni lapsos para ejecutar los programas, el Gobierno también dijo que modernizaría el transporte público, mejoraría los préstamos otorgados por la banca de desarrollo y tomaría medidas para la inclusión laboral de grupos vulnerables, entre otras medidas.
También aseguró que impulsará proyectos de inversión, se emitirá un decreto para fomentar la repatriación de capitales mantenidos en el extranjero e implementará las reformas aprobadas para elevar la competencia y la inversión.
Peña, cuya popularidad tras cuatro años en el poder se ha deteriorado significativamente debido a cuestionamientos sobre su manejo de la economía, la corrupción y la seguridad, se comprometió a “preservar la estabilidad económica” garantizando un creciente superávit primario y una reducción de la deuda.
Los firmantes del acuerdo en la casa presidencial rechazaron los “actos de violencia, rapiña y vandalismo” que se dieron la semana pasada en el marco de las protestas por el “gasolinazo”.
El Gobierno resolvió aumentar entre un 14.2 por ciento y un 20.1 por ciento los precios de las gasolinas y el de diesel, entre el 1 de enero al 3 de febrero, cuando habrá “dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas”.
Luego prevé ir hacia un proceso de “liberalización” en un país donde el único vendedor de gasolinas sigue siendo la petrolera estatal Pemex. El Gobierno ya anunció también incrementos en los precios de tarifas eléctricas para el sector comercial e industrial y de alto consumo doméstico, además de la apertura del mercado de gas licuado, usado por la gran mayoría de los hogares en el país.
