Según el análisis de Mediatelecom Policy & Law otro argumento que no está demostrado ni teórica ni empíricamente, reside en que los operadores alternativos al AEP podrían generar “ahorros” que eventualmente les permitiría expandir su propia red, atraer más usuarios y eventualmente tener un tráfico similar al del AEP que igualaría la estructura de costos.
Sin embargo, nada obliga en la ley o en el razonamiento económico a que los operadores alternativos utilicen estos “ahorros” derivados del subsidio de la “tarifa cero” en la inversión de nueva infraestructura, en lugar de destinarlo al pago de deudas o la repartición de utilidades.
Aun asumiendo que los operadores alternativos invirtieran en nueva infraestructura, esto implicaría que eventualmente incurrirían en nuevos costos por la terminación de llamadas en su propia red, conforme reemplazan tramos de la red del AEP a “costo cero” por su propia infraestructura, al tiempo que su base de usuarios se incrementa. Es decir, derivado de la “tarifa cero”, a los competidores del AEP les resulta más rentable y más económico que sus clientes terminen las llamadas en la red de Telmex-Telcel, que invertir para añadir suscriptores nuevos a su propia red.
No existe el café gratis. El costo de operación de una red propia para los operadores alternativos sería superior al costo de acceso “cero” en que incurren actualmente por terminar una llamada en la red del AEP, provocando que los márgenes de utilidad con inversión propia sean inferiores cuando se les compara contra aquellos obtenidos con infraestructura gratuita.
Evidentemente, tomando en cuenta el estado actual de los precios de los servicios de telecomunicaciones, a los competidores les hace más sentido continuar utilizando infraestructura de manera gratuita de forma indefinida, sin mayor presión sobre los márgenes de operación, que asumir un nuevo costo por la instalación y mantenimiento de infraestructura propia.
Por otro lado, diversas voces han señalado que la conclusión de la gratuidad en la terminación de llamadas en la red del AEP podría terminar con todos los beneficios obtenidos a partir de la reforma de 2013. Habría que recordar que la llamada “tarifa cero” no es el único ni el más importante componente de la reforma, además de que ni siquiera ha demostrado su efectividad en la inversión.
Telefónica, una de las empresas más críticas a la posibilidad de que desaparezca la “tarifa cero” y que más beneficios ha obtenido de la regulación asimétrica, invirtió en 2016 un total de 4 mil 518 millones de pesos (219 millones de euros), 3.3 por ciento menos que en 2015, según sus reportes financieros.
Asimismo, esta compañía aportó en 2016 el 6.02 por ciento de la inversión total en el sector de comunicaciones, considerando un monto total de más de 75 mil millones de pesos, con base en datos del Informe Presidencial. La participación de Telefónica en la inversión total del sector ha disminuido constantemente en los últimos años, de 9.12 por ciento en 2014 a 7.11 por ciento en 2015.
Si consideramos otro operador como Axtel-Alestra, se observa que la inversión no creció sustancialmente a partir de la regulación asimétrica, y que el ligero ascenso en 2015 está relacionado más con la fusión de ambos operadores, para posteriormente descender en 2016.
Si bien la inversión total se ha incrementado, ésta se ubica apenas en un nivel cercano a los más altos niveles de inversión de los últimos años, que han sido impulsados principalmente por las licitaciones de espectro. Además, hay que señalar que AT&T ha tenido un impacto positivo por la decisión de incrementar la cobertura de su red, lo que difícilmente se puede decir de otros operadores.
Llama la atención que mientras el agente económico preponderante sostiene que la regulación asimétrica y la “tarifa cero” de interconexión inhiben sus inversiones para el despliegue de nuevas redes (pero no por ello deja de invertir en la mejora de la calidad y la adopción de nuevas tecnologías como 4G-LTE), sus competidores amenacen con cancelar sus planes de inversión. Lo anterior es una confesión pública de su apuesta por el subsidio regulatorio y la transferencia de rentas que les representa el artículo 131 de la LFTR y la “tarifa cero”, y no tanto el compromiso por invertir en infraestructura y expandir la cobertura de la red.
La cifras evidencia que la regulación asimétrica y la “tarifa cero” de interconexión han inhibido las inversiones de Telcel, que bien podrían ampliarse para expandir su red en beneficio de sus competidores, pero la gratuidad no genera los incentivos necesarios.
Al chantaje de cancelar los planes de inversión o diferirlos, se suma la amenaza de incrementar los precios de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en el sector móvil, donde éstos se han reducido 43 por ciento desde la entrada en vigor de la reforma y la expedición de la ley secundaria.
Cualquier operador preocupado por ganar suscriptores, mejorar la calidad de los servicios que presta y potenciar la experiencia de sus usuarios no puede caer en la amenaza frívola de cancelar o diferir sus inversiones. En el mercado móvil mexicano no participan operadores pequeños. Los ingresos globales de AT&T y Telefónica son incluso superiores a los de América Móvil, lo cual les permite pagar cargos de interconexión por terminar sus llamadas en las redes de Telmex-Telcel. En sus respectivos territorios tanto el operador estadounidense como el español invierten en infraestructura y cobran por la terminación de llamadas en su red, en el caso de AT&T mediante acuerdos compensatorios entre operadores, pero en ningún momento la interconexión es gratuita.
Aunque se considera que la regulación asimétrica sí tiene un impacto en la determinación de los precios al usuario final, no es el único factor a tomar en cuenta por los operadores. La dinámica competitiva provocó una guerra de precios entre los operadores que se vieron presionados por la entrada de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y, posteriormente, por la entrada al mercado de AT&T y la consolidación de Nextel-Iusacell, lo que provocó una presión sobre los márgenes de utilidad de toda la industria.
Aun cuando sea eliminada la gratuidad por la terminación de llamadas en la red del AEP, difícilmente la dinámica competitiva actual llevará a la reversión de los precios o una escalada de los mismos. Bajo una situación del dilema del prisionero, si un operador decidiera incrementar los precios para hacer frente a los nuevos costos de interconexión, difícilmente sería seguido por el resto de sus competidores.
En este momento no es posible determinar los efectos cuantificables de la tarifa de interconexión, porque el IFT no ha resuelto ni su monto ni su retroactividad. Cualquier cálculo es especulativo, incierto y carente de fundamento económico, como lo es la tarifa cero de interconexión en sí misma, porque no se conoce el modelo de costos ni la resolución tarifaria del regulador.
También se debe tomar en cuenta que incluso si subieran los precios a partir de la eliminación de la gratuidad, implicaría el reconocimiento de precios artificialmente bajos. Si bien servicios más baratos son una buena noticia para los usuarios en el corto plazo, en el largo plazo representa el riesgo de subinversión en infraestructura de redes de nueva generación, la falta de cobertura y de incremento en la calidad del servicio y una presión sobre los márgenes de los operadores.
