Brasil propone la regulación de los centros de datos orientados a la IA

La Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación e Informática (CTT) del Senado celebró una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 3018/2024, que propone la regulación de los Centros de Datos orientados a la Inteligencia Artificial en Brasil.

La Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación e Informática (CTT) del Senado celebró una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 3018/2024, que propone la regulación de los centros de datos orientados a la Inteligencia Artificial en Brasil.

Una de las principales advertencias vino de Gleyssom Klynger, CEO de Everest Digital, quien señaló que Brasil vive una ventana corta de dos a tres años para posicionarse como un hub global de infraestructura digital.

Necesitamos seguridad jurídica, metas claras e incentivos. El mundo está buscando alternativas fuera de Europa y Estados Unidos, y Brasil tiene ventajas como estabilidad, energía renovable y condiciones climáticas favorables. Pero otros países de América Latina también están en la disputa”, afirmó.

Klynger defendió que el crecimiento del sector esté acompañado de inversiones en investigación y desarrollo, integradas a universidades y centros de innovación. “Si sólo hospedamos Centros de Datos sin generar conocimiento, seremos una colonia digital”, advirtió.

El PL 3018/24 define el concepto de Centro de Datos de IA, es decir, estructuras destinadas al almacenamiento, procesamiento y transporte de datos utilizados en aplicaciones de Inteligencia Artificial, y busca garantizar seguridad física y cibernética, cumplir con la Ley General de Protección de Datos (LGPD) y promover la transparencia en el uso de algoritmos, incluyendo información sobre su origen y funcionamiento.

La propuesta también exige la adopción de prácticas sostenibles, como el uso de energía renovable, sistemas de refrigeración eficientes y eliminación adecuada de equipos electrónicos.

Los operadores de Centros de Datos también serán responsables de designar encargados de protección de datos, realizar evaluaciones periódicas de impacto sobre la privacidad, capacitar a los empleados en seguridad de la información y tratar los datos sensibles con los más altos estándares de confidencialidad.

El incumplimiento de la ley podrá conllevar advertencias, multas, suspensión de actividades y otras sanciones legales. El objetivo, según el texto, es garantizar una regulación que alinee el crecimiento tecnológico con las mejores prácticas internacionales y las necesidades económicas y ambientales del país.

En su intervención, la directora Miriam Wimmer, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), alertó sobre la necesidad de evitar conflictos con la LGPD. Señaló el uso del término “datos sensibles” con un significado distinto al previsto por la legislación vigente, lo que podría generar inseguridad jurídica.

Cristiana Camarate, superintendente de la Anatel, destacó que la agencia ya realiza estudios sobre Centros de Datos dentro de su comité de infraestructura y anunció la elaboración de un white paper para orientar políticas públicas sobre el tema.

Parlamentarios señalaron que nuevas discusiones deben ocurrir en las próximas semanas, con la expectativa de incorporar sugerencias del sector productivo y de la sociedad civil al texto final.

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