El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, intentó a fines de febrero publicar una resolución que ponía a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) bajo la órbita exclusiva del organismo y las obligaba a inscribirse en papel y presentar libros rubricados.
Sin embargo, el kirchnerismo, encabezado por el diputado Oscar Parrilli impulsó el tratamiento de un proyecto de ley en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, que interviene en este conflicto, a favor de Nissen y en contra de los funcionarios del presidente Alberto Fernández.
Según un texto que circuló por los estudios de abogados en febrero, la norma iba a suspender por 180 días la inscripción mediante el trámite digital de las SAS, obligándolas a realizar todos los trámites legales que fueran necesarios durante ese período en soporte papel.
El trámite digital ponía a las SAS bajo la autoridad de la Secretaría de Modernización, cuando el ente que debe controlarlas es la IGJ como al resto de las «sociedades por acciones de la ciudad de Buenos Aires». Las razones para endurecer los controles que daba el borrador de resolución es que, en base a textos académicos y de antecedentes judiciales, está en duda la legalidad del accionar de estas sociedades y hay posibilidad de fraude a terceros.
La norma afirmaba que sacar a las SAS de la órbita de la IGJ y con la excusa de que los trámites en este organismo involucran «mayor complejidad» y abandonan las recomendaciones de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de lavado de dinero.
Otras normas propias de las sociedades anónimas que el funcionario coló en todas esas resoluciones para imponérselas a este modelo son, por ejemplo, exigencia de garantía a los administradores, presentación obligatoria de una memoria, obligatoriedad de reservas facultativas y de la prima de emisión, entre muchas otras.
La Asociación Emprendedores de la Argentina (ASEA) presentó hace pocas semanas un recurso de amparo en la Justicia contra toda esa normativa emanada por Nissen en contra de las SAS, pero una ley del Congreso podría desactivar ese esfuerzo.
