El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) presentaron el informe “Brecha de conectividad y necesidades de inversión en América Latina y el Caribe: una perspectiva económico-financiera”, que aborda aspectos fundamentales para la toma de decisiones de política pública y regulatoria para el desarrollo de las telecomunicaciones.
América Latina y el Caribe cuenta con la posibilidad de finalizar la presente década cerrando la brecha de cobertura en la región, asegurando que prácticamente la totalidad de sus ciudadanos estén cubiertos por una red de banda ancha de alta calidad.
Poder lograrlo requiere un esfuerzo colectivo, donde las empresas invierten en el despliegue de redes y los gobiernos generan las condiciones adecuadas para que esto ocurra. El futuro de la conectividad de la región y el cumplimiento de los objetivos en materia de cobertura de servicios de telecomunicaciones de cara a la siguiente década se encuentra ante una diversidad de desafíos.
La sostenibilidad económica de los operadores públicos y privados de telecomunicaciones es un determinante central de la capacidad de inversión en redes, infraestructura y tecnología para el sector. En términos de ventas brutas, para el año 2021, estas ascienden a USD 88.500 millones, que representan el 1,91% del PIB total de la muestra de países.
Sin embargo, La tendencia de los últimos 10 años muestra que los ingresos del sector han estado decreciendo. La inversión reciente del sector es significativa en América Latina, aproximadamente USD 78.000 millones entre 2018 y 2021.
Sin embargo, para alcanzar metas aspiracionales de cobertura para la región hacia 2030 se necesita un esfuerzo inversor adicional de 17 mil millones de dólares respecto de lo proyectado, un 16% más con respecto al escenario tendencial esperado.
En este sentido, se deben considerar cambios en el marco regulatorio, tributario y de políticas públicas que permitan generar una modificación en el monto de inversiones destinadas al despliegue de redes. Se trata de introducir modernizaciones regulatorias que faciliten la incorporación en la región de las mejores prácticas de las economías más desarrolladas.
Las conclusiones del estudio son especialmente relevantes para ministerios de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, congresos y legislaturas, agencias y reguladores responsables de implementar políticas de conectividad, organismos de cooperación multilateral, así como en los ministerios de Hacienda y Finanzas cuyo rol es imprescindible en la conducción de una estrategia de financiamiento e inversión para la conectividad en los diferentes países de América Latina y el Caribe.
Con este proyecto se busca generar información y análisis relevante que ayude a tomadores de decisiones en materia de telecomunicaciones y autoridades públicas a desarrollar agendas y políticas mejor adaptadas para impulsar la conectividad y la transformación digital en los próximos años.
Fuente: cet.la
