En Colombia, los fraudes asociados a llamadas y mensajes de texto ya generan reclamaciones por más de $252 millones diarios. Entre 2022 y 2024, el valor de estas reclamaciones se triplicó.
Para responder a este fenómeno, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución CRC 8308 de 2026, que establece nuevas medidas para cerrar espacios a la suplantación, detectar comunicaciones atípicas y darles a los usuarios más información antes de contestar, responder o compartir sus datos.
Las medidas actuarán en distintos puntos de la cadena, desde el uso de la numeración y el envío de mensajes hasta la información que aparece en la pantalla del usuario. Su implementación será gradual.
¿Qué cambiará? Una alerta avisará cuando una llamada presente señales sospechosas, los operadores deberán analizar las llamadas en tiempo real. Si detectan comportamientos atípicos, en la pantalla aparecerá la advertencia: “Alerta de llamada sospechosa”.
La alerta no prueba que exista fraude. Es una señal preventiva para actuar con cautela y verificar quién está contactando, las llamadas publicitarias estarán identificadas. Las empresas deberán registrar ante su operador los números utilizados para realizar llamadas comerciales.
Para comprobar esta información se creará un sistema central de verificación que los operadores consultarán antes de entregar el mensaje. Una vez finalice el periodo de transición, los mensajes que no permitan verificar su origen o no utilicen contenidos autorizados no llegarán a los usuarios.
La resolución crea el Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, liderado por la CRC. Este espacio permitirá compartir alertas, analizar nuevas modalidades de fraude y coordinar acciones entre operadores, empresas de mensajería y autoridades.
Además, la CRC pondrá en funcionamiento un micrositio con información, guías y recomendaciones para que los ciudadanos puedan reconocer señales de alerta y protegerse. Los actores del sector deberán realizar, como mínimo, cuatro campañas pedagógicas al año, con contenidos claros, accesibles y dirigidos especialmente a las poblaciones con mayores riesgos o menores niveles de alfabetización digital. Además, estos actores tendrán la obligación de adelantar jornadas de formación dirigidas a sus equipos internos.
Con estas medidas, la CRC busca reducir las oportunidades para la suplantación, identificar más rápido las comunicaciones atípicas y darles a los ciudadanos mejores herramientas para validar antes de contestar, responder o compartir información.
“El fraude funciona porque quien está detrás puede ocultarse y porque presiona a las personas para que actúen sin verificar. Las medidas permiten identificar mejor el origen de las llamadas y los mensajes y fortalecen la detección de patrones atípicos, sin embargo ninguna alerta reemplaza la verificación. Si una comunicación pide datos, códigos o dinero, o invita a abrir un enlace, no responda ni actúe bajo presión. Contacte directamente a la empresa o entidad por sus canales oficiales. Menos espacio para el engaño y más seguridad para las personas”, afirmó Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.
Fuente: CRC
