El próximo 1 de diciembre entraría en vigencia la Ley 21.719, la cual busca regular la forma y condiciones en que se realiza el tratamiento y la protección de los datos personales, elevando el estándar nacional de protección.
Recientemente, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la iniciativa que busca postergar hasta el 15 de octubre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 21.719 con el fin de darle más tiempos a los organismos públicos y las empresas tiempo para adecuarse a la normativa, así como para la creación de las normas por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales.
Sin embargo, esta fecha no será efectiva hasta que el proyecto complete la tramitación legislativa, ahora será visto en la Comisión de Hacienda del Senado, y aún faltaría que sea promulgado y publicado; por ende la fecha del 1 de diciembre aún está vigente.
La Ley de Protección de Datos Personales obligará a las organizaciones que traten datos personales a señalar qué datos recolectan, el objetivo para ello y si se comparten con terceros. Para mayor claridad, el pasado 9 de septiembre se publicó el Decreto Supremo N° 662 que establece los requisitos, modalidades y procedimientos para la implementación, certificación, registro y supervisión de los modelos de prevención de infracciones a la ley de protección de datos personales.
Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, Chile es uno de los países que lidera la región en cuanto a conectividad, disponibilidad de datos, políticas públicas y ética digital. La nueva Ley se alinea con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, considerada una de las más estrictas en el mundo.
Miguel Villar, gerente general de redvoiss comenta que tanto el reglamento como la Ley son piezas fundamentales para “enfrentar un escenario donde los datos son parte de una infraestructura crítica para la economía digital”.
La Ley aplica a cualquier organización, ya sea pública o privada, que trate datos personales en Chile, independiente de su tamaño. Villar cree que este nuevo marco legislativo combina innovación y la protección de los derechos de las personas, incluyendo restricciones para el trato de datos de menores de edad. “Más que un cambio regulatorio, la entrada en vigencia de la Ley 21.719 marca una nueva etapa en la relación entre tecnología, empresas y ciudadanos”.
Para el ejecutivo de redvoiss el desafío será avanzar hacia modelos que permitan aprovechar tecnologías como la biometría y la IA sin debilitar el derecho de las personas sobre su información. Por otro lado, cree que es una oportunidad para que las organizaciones incorporen la protección de datos como un componente estratégico de sus procesos y como un factor clave para fortalecer la confianza digital.
Fuente: Redvoiss
