El comercio electrónico internacional ha dejado de ser una simple vía para compras personales y se ha consolidado como una herramienta clave para la competitividad del sector productivo. En este contexto, el desafío actual para Argentina no radica en volver a cerrar las fronteras a los bienes importados, sino en implementar políticas modernas que garanticen la trazabilidad, el control técnico y la igualdad competitiva.
El régimen de courier viene experimentando un crecimiento sostenido. En marzo de 2026, las importaciones por esta vía alcanzaron los USD 103 millones, marcando el segundo nivel mensual más alto de la historia, con un incremento interanual del 123,1%.
Durante los primeros cinco meses del año, las compras al exterior bajo esta modalidad acumularon USD 518 millones, lo que representa un aumento del 113,2% respecto al mismo período del año anterior. Frente a esta expansión, la Aduana ha anticipado una revisión integral del régimen, avanzando hacia procesos digitales y operaciones sin papeles.
El sistema actual, que permite envíos de hasta USD 3.000 y ofrece una franquicia para pequeños paquetes, ha transformado el mercado local. Esta flexibilización permitió ampliar el acceso a tecnología, repuestos críticos, insumos productivos y bienes que anteriormente no llegaban al país o lo hacían con costos logísticos absurdos. Sin embargo, el Estado no puede continuar tratando al e-commerce internacional como una simple suma de compras individuales sin un marco regulatorio adecuado.
El siguiente paso ineludible es la implementación de una política aduanera moderna. Esto implica exigir datos anticipados de las cargas, automatizar la clasificación arancelaria (NCM), validar los valores declarados, controlar estrictamente los productos regulados y asegurar la trazabilidad desde el origen. Asimismo, resulta imperativo establecer reglas claras que permitan distinguir con precisión entre el consumo personal, la microimportación productiva y la reventa comercial.
Para consolidar este canal comercial, el Estado debe reorientar sus esfuerzos de fiscalización. En lugar de aplicar una burocracia uniforme y pesada para todas las operaciones, los controles aduaneros deben concentrarse en los factores de riesgo real, como ser seguridad eléctrica, salud pública, propiedad intelectual, valoración aduanera y mercadería prohibida.
Fuente: Jidoka
