El creciente avance del fraude digital en América Latina ha motivado a los reguladores a endurecer las reglas sobre pagos electrónicos. Chile lidera esta tendencia con la implementación de la Norma General Nº 538, que exige autenticación reforzada en transacciones clave, inspirada en el modelo europeo de la directiva PSD2.
En 2024, los fraudes bancarios en Chile generaron reclamos por más de $275 mil millones de pesos (US$285 millones), una cifra que refleja la urgencia de que se implementen normas como la impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual exige mayor seguridad en las operaciones digitales.
Esta regulación establece el uso de, al menos, dos factores de autenticación: conocimiento (clave), posesión (token o celular) e inherencia (biometría), en operaciones como transferencias, cambios de datos y nuevos registros.
Pero la preocupación no es solo local. En Colombia, por ejemplo, el 75% de los fraudes ocurren en canales digitales. En promedio, una transacción fraudulenta en América Latina puede multiplicar por 4,6 el valor de una legítima; y solo en el primer semestre de 2024 el fraude bancario digital en la región creció un 32%.
En este contexto, surge la necesidad de herramientas complementarias como RiskShield, de INFORM, diseñada para operar incluso después de la autenticación reforzada. Su función es monitorear las transacciones en tiempo real y detectar patrones inusuales que podrían pasar desapercibidos para los métodos de autenticación convencionales.
En un entorno donde los atacantes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas y automatizadas, las tecnologías de detección en tiempo real y respuesta adaptativa serán esenciales para proteger los ecosistemas financieros.
Fuente: Inform
