El fraude digital en México ha dejado de ser un problema exclusivamente tecnológico para convertirse en un desafío estructural que impacta directamente al sistema financiero, a las empresas y a los ciudadanos. A nivel global, las pérdidas por fraude declarado pasaron de 16.600 millones de dólares en 2024 a 20.880 millones en 2025, lo que representa un incremento del 26%.
Sin embargo, más allá de los fraudes tradicionales como el phishing o el robo de contraseñas, nuevas amenazas están ganando terreno. El robo de identidad, por ejemplo, registró un crecimiento del 48% interanual, impulsado en gran medida por el uso de tecnologías avanzadas para la creación de perfiles falsos cada vez más difíciles de detectar.
Tan solo en 2025, IC3 (Internet Crime Complaint Center) registró más de 22,000 denuncias relacionadas con el uso de IA en fraudes, acumulando pérdidas cercanas a los 900 millones de dólares, donde los deepfakes juegan un papel cada vez más relevante.
Para Veridas, este escenario está redefiniendo el rol de la identidad digital. “Hoy, el mayor reto no es digitalizar los servicios, y ni siquiera solo garantizar que la persona que está del otro lado es quien dice ser. Ahora, es indispensable validar también la integridad del dispositivo y del canal por los que viajan los datos”, señala Jordi Torres, Managing Director de Veridas LATAM.
La conversación sobre identidad digital en México ha cobrado relevancia en medio de iniciativas como la posible implementación de modelos biométricos a nivel nacional. No obstante, el reto va más allá de la regulación: se trata de construir sistemas que sean al mismo tiempo seguros, accesibles y fáciles de usar.
En este sentido, las soluciones biométricas modernas se consolidan como una de las principales herramientas para combatir el fraude. Tecnologías como la verificación de identidad con pruebas de vida (liveness detection) permiten detectar intentos de suplantación avanzados. Estas tecnologías, operan bajo el estricto cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, así como las normativas de la CNBV para el sector financiero y del IFT para telecomunicaciones.
En el afán de frenar el fraude masivo, la industria corre el riesgo de crear barreras técnicas que excluyen a millones de mexicanos de los servicios financieros y digitales. Sin embargo, el histórico dilema entre la máxima seguridad y la experiencia del usuario ha terminado. El nuevo estándar de identidad exige un diseño inclusivo, certificado con normativas globales de accesibilidad (como WCAG), asegurando que la protección no sea un obstáculo, sino un puente hacia la digitalización.
