La iniciativa de ley de telecomunicaciones denominada #LeyCensura ha arrojado una de las mayores hemorragias de tinta digital y controversia en redes sociales, prensa, noticieros de radiodifusión, Internet e impacto internacional que se haya visto en los últimos 7 años.
La dimensión es tan grande, que el debate sobre el Poder Judicial, su reforma constitucional y su aprobación palidecen frente al debate sobre la iniciativa de la ley de telecomunicaciones. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué llevó a este nivel de impopularidad de esta iniciativa? ¿Es realmente un tema de libertad de expresión? Respondo con claridad: no. Es algo peor, un desconocimiento profundo de la nueva arquitectura legislativa, frente a una sociedad digital, donde una mala técnica legislativa puede conculcar y suspender no uno, sino todos los derechos fundamentales.
El artículo 6º de la Constitución señala que son un derecho fundamental 5 cosas: el acceso a la banda ancha, las TIC, la radiodifusión, los servicios de telecomunicaciones y la Internet. El ecosistema digital explotó al verse amenazado.
¿Esta ley se debe llamar de telecomunicaciones? No. Debe ser una ley de comunicación e infraestructura digital. El objetivo de esta ley es habilitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el mundo digital por medio del despliegue de la infraestructura digital.
¿Qué facilita las inversiones en infraestructura? La baja de los precios del espectro radioeléctrico y la eliminación de la figura de la preponderancia. Ambas decisiones destruyen el derecho de acceso a Internet, matan la inversión, dañan los derechos digitales, generan una brecha científica y tecnológica entre México y el mundo.
¿Se puede lograr con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)? Sí, si separa sus funciones internas y garantiza neutralidad regulatoria, neutralidad en política pública y neutralidad competitiva. ¿La ATDT cumple con el T-MEC? No, el artículo 18 del T-MEC expresamente solicita un regulador independiente y especializado y prohíbe beneficios regulatorios a algún operador de servicios de telecomunicaciones público o privado.
¿A qué partes del gobierno va a ayudar los efectos de la ley? A las secretarías de Economía, de Ciencia y Tecnología, ciudades y estados porque se van a incrementar los anchos de banda mejorando las cadenas de suministro, parques industriales, puertos y hubs tecnológicos como Querétaro y Jalisco. Las ciudades podrán transformarse en ciudades inteligentes y generar inclusión digital.
Gracias a la mala redacción de un artículo que establece la suspensión de una plataforma digital de forma temporal, distintos sectores de la sociedad se sintieron vulnerables en sus derechos. Hay que agradecer el efecto pedagógico de la mal denominada #LeyCensura, incluso para el gobierno, que tuvo la capacidad de recular y proponer la revisión de la ley en su conjunto.
Esta ley es vital para fortalecer nuestra economía, competitividad, nuestros derechos digitales y nuestra democracia ante la primera revolución digital de nuestra sociedad.
Fuente: Jorge F. Negrete, Presidente de DPL Group
