La reciente promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad por parte del Presidente Gabriel Boric es un hito importante en la protección y regulación de la seguridad digital en el país. Esta legislación no solo crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), sino que también, establece estándares más estrictos y sanciones considerables para aquellas organizaciones que no cumplan con las nuevas normativas.
Es innegable que esta ley impone mayores exigencias y un aumento en los gastos para las empresas, especialmente en áreas sensibles como el sector financiero y sanitario, pero también representa una oportunidad única para fortalecer la protección de datos y la confianza de los clientes.
El mundo está cada vez más digitalizado. Los ciberataques y las amenazas informáticas son una realidad cotidiana, por lo que la seguridad de la información se ha convertido en un aspecto fundamental para cualquier negocio que desee mantener su reputación y competitividad. En este escenario, la nueva ley no solo obliga a las empresas a elevar sus estándares de ciberseguridad, sino que también las incentiva a ser más transparentes y proactivas en la prevención y gestión de incidentes cibernéticos.
Sin embargo, el cumplimiento de estas nuevas regulaciones no debe verse como una carga, sino como una inversión estratégica en la protección de los activos más valiosos de cualquier organización: sus datos y la confianza de sus clientes.
La nueva Ley de Ciberseguridad representa un desafío significativo para las empresas chilenas, pero también una oportunidad para fortalecer su posición en el mercado mediante la adopción de prácticas y tecnologías de vanguardia en materia de seguridad digital.
Las organizaciones que logren aprovechar esta oportunidad y cumplir con las nuevas regulaciones, no solo estarán protegiendo sus activos más valiosos, sino también, ganando una ventaja competitiva a través de la confianza y lealtad de sus clientes.
Por Fernando Ramos, fundador y CEO de 2Win
