Luego de tomar conocimiento del estudio ‘Revisión de la Contraprestación Periódica para el Sector TIC para el periodo 2025-2028’, con el que se recomienda un incremento en la tasa de contraprestación que deberían cancelar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y que regiría a partir del próximo año, desde ASIET se considera relevante manifestar lo siguiente:
El sector de telecomunicaciones en Colombia soporta una carga fiscal y contra prestacional significativamente más alta que el promedio de América Latina. Según BID y cet.la, el promedio de cargas fiscales, contribuciones y tasas, con respecto a las ventas de la industria, en la región es de 8.07%; sin embargo, en Colombia es del 12.82%, esto sin considerar el eventual aumento de la tasa como lo propone el proyecto y que seguramente dejaría a Colombia con el sector más cargado fiscalmente de Latinoamérica.
Esto pone en desventaja a Colombia, es un desestimulo al ingreso de inversión extranjera, y seguramente un freno a los esfuerzos para reducir la brecha digital.
En los últimos seis años, de acuerdo con GSMA, el sector ha invertido más de USD 14,000 millones para desarrollar infraestructura móvil, a pesar de la alta inflación, altas tasas de interés, estancamiento del ARPU e ingresos del sector a la baja desde 2020. Incrementar la tasa ralentizaría las inversiones necesarias para conectar a los no conectados y conectar mejor a los ya conectados.
Cuando el MinTIC en el año 2020 ajusto la tasa de contraprestación la inversión directa para el sector creció en casi un 23%, y se ha mantenido anualmente por encima de crecimientos del 20% (CRC Observatorio de inversión, 2023).
La industria en Colombia no solo está en desventaja con otros países de la región, sino que internamente enfrenta una carga fiscal significativamente más alta que un sector promedio. Además de los impuestos generales como renta, IVA (19%), predial, ICA y GMF, el sector soporta gravámenes específicos, como el impuesto al consumo de servicios móviles (4%), contraprestaciones sectoriales del 1.9% de los ingresos, y contribuciones para financiar el regulador (0.14%).
Por otra parte, la ejecución de recursos del FUTIC en 2023 fue de 85.87%, y a julio de 2024 alcanzaba apenas el 16.71%. Esto indica que existe espacio de mejora de la capacidad de gestión, lo que no se soluciona aumentando la cantidad de recursos disponibles. En este sentido, antes de proponer un aumento de la tasa, resulta fundamental revisar la estructura del fondo, optimizar sus gastos y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente para cumplir con el objetivo de cerrar la brecha digital.
Aumentar la tasa va en contra de la sostenibilidad de una industria que ha permitido alcanzar los niveles de conectividad actuales y que se necesitará que continúe teniendo un rol central y fundamental en la construcción y operación de las redes para dar soporte a las tecnologías emergentes, como la IA, IoT, Machine Learning, 5G, y otras.
Por ello, ASIET considera necesaria una reforma estructural del FUTIC, que le permita adoptar un modelo de gestión más eficiente de los recursos sin incrementar la carga fiscal de los operadores, maximizando el impacto en el cierre de la brecha digital y, complementariamente, acometer las reformas normativas que sean necesarias para ampliar la base de contribuyentes a todo el ecosistema digital, lo que permitiría incluso reducir la tasa de contraprestación, pero se repite, sin que ese esfuerzo conlleve el aumento de la tasa única como se propone en el proyecto.
Se torna crucial que el Estado demuestre su madurez y fortaleza institucional acometiendo procesos que no lleven a aumentar las cargas, donde es “fácil” hacerlo, sino realizar los ajustes que lleven a soluciones más eficientes, efectivas y con un impacto positivo hacia los habitantes del país. Un aumento de esta naturaleza afecta a la industria que sostiene la digitalización y no soluciona el problema de fondo.
Fuente: ASIET
