A partir de hoy, en Colombia entra en vigencia la ley que declara a Internet como servicio público esencial en el país.
La ministra Karen Abudinen y el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunciaron la sanción de esta importante ley, con la que proyectan el cierre de la brecha de conectividad en Colombia, ofrecen la garantía efectiva de acceso a derechos fundamentales como la educación, la información, el trabajo y la salud.
Internet será un servicio priorizado, así como el agua y la energía eléctrica, según lo establece la ley. Asimismo, se espera que a los usuarios se les garantizará la instalación del servicio, el mantenimiento de las redes y el despliegue de la infraestructura necesaria para dar acceso a Internet.
También contempla que durante los estados de excepción y emergencia sanitaria, los usuarios contarán con navegación gratuita en 30 direcciones de internet para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, de educación y del gobierno, así como con 200 mensajes de texto gratuitos.
Habrá navegación gratis en el portal de educación dispuesto por los ministerios de Educación y de las TIC, para los colombianos con planes postpago o prepago con un valor inferior a 1,5 UVT.
La ley dispone además ampliación de la cobertura del servicio de internet en el país, con un conjunto de estímulos para que los pequeños operadores lleguen a las zonas rurales y de difícil acceso.
La ministra TIC, Karen Abudinen, la meta del gobierno de Iván Duque es que en agosto de 2022 tener conectado al 70 % del país, que en la actualidad es del 51,9 %. Hasta el primer semestre de 2021 un poco más de 7,6 millones de hogares tienen acceso fijo a internet, apenas el 14 % de las familias cuentan con el servicio. En la zona rural la conectividad es apenas el 6,7 % de hogares con niños estudiando entre los cinco y 18 años cuenta con este servicio.
Para la industria del sector se dispone de exención por cinco años del pago de la contribución anual a la CRC y de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de las TIC.
También incluye la simplificación de trámites, flexibilización de cargas regulatorias y reducción de tiempos para la designación de licencias para el despliegue de infraestructura y financiación de líneas de crédito para los operadores con menos de 30 mil usuarios, con recursos del Fondo Único de las TIC.
