La decisión judicial, tomada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anuló así el acto por el que Lula fue juramentado este jueves por Rousseff hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso.
En su decisión, el magistrado sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una “intervención indebida y odiosa” en la Policía, la Fiscalía y el poder judicial.
La acción del juez respondió a una demanda presentada por los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la Justicia contra Lula, quien está investigado en diversos procesos y ha sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
En su sentencia, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de “responsabilidad” al nombrar a Lula, puesto que la ley veta al presidente de la República cometer actos contra “la probidad” de la administración pública.
Los delitos de “responsabilidad” son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado.
En este sentido, el juez ordenó que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien es la autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
La Cámara de Diputados decidió retomar este jueves el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, tras conocerse este miércoles unas grabaciones comprometedoras entre la presidenta y Lula.
Los audios grabados por orden judicial generaron la sospecha que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso judicial contra el ex presidente.
