El gobierno de Javier Milei aplicó, vía decreto publicado el primer día hábil de 2026, cambios en la ley de Inteligencia Nacional, entre los que destaca la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC).
La nueva dependencia nace con el objetivo de planificar y ejecutar programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger al ciberespacio de interés nacional, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos, además de sistemas tecnológicos empleados para actividades del sector público.
El CNC funcionará como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su conducción estará a cargo de un director ejecutivo con rango de subsecretario y un subdirector con rango de director nacional.
La ley de Inteligencia Nacional –aprobada en 2001– estableció el marco en el que se desarrollaran actividades de organismos de inteligencia en Argentina. En 2024, la administración actual dispuso la reorganización integral y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional: creó la Agencia de Seguridad Nacional, la División de Asuntos Internos y la Agencia Federal de Ciberseguridad, esta última como órgano de competencia en materia de ciberdelincuencia, infraestructuras críticas y objetivos de valor estratégico tecnológicos y de la información.
Según el nuevo decreto, la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad se da con el fin de evitar superposición de competencias entre distintas dependencias encargadas del asunto, entre ellas la Dirección Nacional de Ciberseguridad, y garantizar la autonomía entre la respuesta a las demandas de ciberinteligencia del Sistema de Inteligencia Nacional y las funciones de ciberseguridad que desarrolla la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
De hecho, la Agencia Nacional de Ciberseguridad pasa a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y cambia su responsabilidad: desde ahora será el órgano responsable de la producción de Inteligencia nacional sobre actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas que se desarrollen en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico y puedan afectar la seguridad nacional, las infraestructuras críticas digitales, el patrimonio del Estado, la soberanía tecnológica y/o la integridad de la información pública y privada.
El documento también establece una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplía facultades operativas de los organismos del sector, además de proclamar que “todas actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Al mismo tiempo, hubo rechazo a la potestad de requerirse información sensible a cualquier organismo del Estado y por el artículo que señala que “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
