La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un concepto técnico complementario sobre los compromisos ofrecidos por COMCEL en el marco de la solicitud de autorización de su integración con Azteca Comunicaciones Colombia.
Tal como están formulados, los compromisos no permiten descartar los riesgos competitivos identificados. Algunos repiten obligaciones que ya existen; otros tienen una vigencia limitada; y varios no fijan parámetros técnicos que permitan verificar su cumplimiento. En esta línea, surge una pregunta central ¿se asegura que quienes dependen de la red puedan seguir compitiendo en condiciones equivalentes?
La Comisión considera que la oferta de condicionamientos no es suficiente y pone a consideración de la SIC los argumentos para que acompañe sus análisis en la toma de decisión.
La discusión no es si debe preservarse la infraestructura. La integración puede contribuir a ese objetivo. La cuestión es si, después de la operación, los operadores que utilizan la red podrán contratar, ampliar, reparar y renovar sus servicios mayoristas en condiciones equivalentes a las de las operaciones propias de COMCEL. En los términos actuales, esa protección no está garantizada.
Cumplir lo que ya existe no es un remedio nuevo. Las obligaciones del Proyecto Nacional de Fibra Óptica y la regulación sobre RAN y OMV ya son exigibles. Tres años no hacen desaparecer el riesgo. Mientras el controlante de la infraestructura compita en los mercados minoristas con los que utilizan la infraestructura, el riesgo puede persistir.
Estabilizar las condiciones de la red no elimina los riesgos. El plan de estabilización de 30 meses puede ordenar una mejora progresiva, pero no convertirse en un periodo de excepción frente a las obligaciones de calidad, continuidad y no discriminación.
La operación le permitiría a COMCEL incorporar cerca de 32.000 kilómetros de fibra óptica, presente en 893 municipios: 8 de cada 10 del país. En casi 9 de cada 10 de sus rutas no hay otro proveedor de fibra, y en otras 33 la única alternativa es la red de COMCEL.
El análisis territorial de la CRC identifica 582 municipios en los que quedaría un único prestador en la red de transporte y otros 104 con una oferta limitada. El riesgo no está concentrado en unas pocas rutas. El control de esta infraestructura puede afectar tanto los servicios mayoristas que utilizan otros operadores como la competencia en internet fijo y servicios móviles, mercados en los que COMCEL participa.
Un operador no necesita negar formalmente el acceso para poner en desventaja a un competidor. Puede hacerlo mediante una factibilidad más lenta, una ampliación tardía, una ruta menos favorable, menor capacidad de respaldo o una reparación posterior.
La CRC reconoce que preservar la infraestructura puede generar eficiencias y favorecer la conectividad. Pero esa posible eficiencia no elimina el riesgo competitivo que surge cuando un operador controla una red de transporte y, al mismo tiempo, compite con quienes dependen de ella.
Por eso, las condiciones deben proteger no solo el acceso formal, sino también la capacidad disponible, la provisión, las ampliaciones, el mantenimiento, la reparación, la información comercialmente sensible y la calidad del servicio.
“La infraestructura de Azteca no es un activo más. Es la troncal que soporta la conectividad del país, por ella pasa el servicio de más de 250 operadores habilitadores de la conectividad regional. Prometer acceso no es garantizarlo. Un competidor no necesita que le cierren la puerta para perder, puede bastar con que le asignen una ruta menos favorable, le aprueben una ampliación más tarde o lo reparen de último. Si la operación se autoriza, las condiciones deben verificarse ruta por ruta y con datos reales. Preservar la red debe significar más conectividad y más competencia, no nuevas barreras de acceso.”, afirmó Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.
Fuente: CRC
