A pesar de que Guatemala registra una tasa de incidencia de fraude digital menor en comparación con el promedio de Latinoamérica, el país no está exento de esta amenaza silenciosa que avanza con fuerza. La acelerada adopción del comercio electrónico y la banca móvil están abriendo nuevas puertas para la delincuencia cibernética.
Guatemala se posicionó como el país más seguro frente a estafas en línea en la región en 2025, con una tasa del 1,9% por debajo del promedio global del 3,8%; en contraste, Nicaragua encabezó la lista regional con un 12,5%, la cifra más alta en Centroamérica. Sin embargo, recientemente la Policía Nacional Civil de Guatemala alertó a la población sobre el incremento de estafas digitales, especialmente realizadas por WhatsApp, enlaces fraudulentos y suplantación de identidad.
“El fraude basado en el robo de identidad sigue siendo una preocupación central en el país. La apertura de cuentas, los inicios de sesión, la toma de control de cuentas, el phishing, smishing, vishing, la suplantación de identidad, la actividad de cuentas mula y el abuso de canales electrónicos, continúan generando riesgos para los bancos, fintech, proveedores de servicios de pago y sus clientes”, informó Josué Martínez, Global Senior Advisor de BioCatch Latinoamérica.
De acuerdo con el experto, las estafas digitales en el sector financiero de Guatemala ya no se componen de ataques aislados, sino de redes coordinadas y complejas. Este proceso suele iniciar con el robo de datos y la manipulación del usuario para vulnerar sus credenciales. Posteriormente, los delincuentes toman el control de las cuentas (ATO) o realizan fraudes de pagos autorizados (APP), concluyendo con el desvío del dinero mediante redes de cuentas mula.
Según datos del Ministerio Público (MP), las denuncias por ciberestafas han crecido más de un 1000% en apenas siete años. Los ciberdelitos aumentaron de mil 292 casos en 2019 a 14.871 en 2025; además, durante los primeros seis meses del 2026 se han registrado 7.925 denuncias por estafas electrónicas. La estafa propia se colocó como el delito más frecuente, junto a los “casos especiales de estafa”.
En respuesta a la creciente sofisticación de estos ataques, Guatemala ha comenzado a implementar cambios regulatorios para brindarle al sistema financiero más herramientas de control y prevención del lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el terrorismo de pandillas y la corrupción. El pasado 2 de junio de 2026, el Congreso de la República de Guatemala aprobó en su redacción final la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LD/FT/FPADM).
“El verdadero reto para la banca guatemalteca radica en el equilibrio operativo. La realidad es que es necesario generar confianza en los consumidores sin comprometer, al mismo tiempo, una experiencia sin fricciones. Mitigar el fraude digital en el país exige implementar tecnologías avanzadas de autenticación que actúen con rapidez y discreción, transformando la seguridad en un pilar de crecimiento y no en una barrera para los usuarios”, opinó Josué Martínez.
“Esta cadena requiere que las instituciones dejen atrás los controles fragmentados y avancen hacia modelos de prevención integrados que combinen identidad, dispositivo, comportamiento, transacción, beneficiario, riesgo de las redes de cuentas, educación del cliente y respuesta operativa”, finalizó el experto de BioCatch.
