El IFT ha denunciado desde hace años que México tiene los precios del espectro más caros de América Latina y se encuentran entre 88% y 96% por arriba de la media internacional. Bien. Ha señalado que el precio del espectro representa “una barrera a la entrada de nuevos operadores y la expansión de los actuales jugadores”. Muy bien. El problema es la ecuación precio y cobertura del espectro. Chile tiene 14 años de tener los precios más bajos de espectro, Brasil lo bajó 80% y Colombia bajará 90%. Todos, con obligaciones de cobertura.
El artículo 6 de la Constitución determina el derecho de acceso a Internet y servicios de telecomunicaciones como un derecho fundamental, y el 28 constitucional señala que, en materia de espectro, “en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico”.
La Suprema Corte señaló que “el grado de participación en el mercado no constituye un parámetro de medición del aprovechamiento o beneficios obtenidos por el espectro”. Y abunda: “el nivel de participación que los concesionarios detentan en el mercado de las telecomunicaciones, no deriva de la naturaleza del espectro, pues ello atiende a múltiples factores… como la mayor o menor eficiencia con que operan los agentes económicos en el mercado, sus estrategias comerciales o modelos de reducción de costos”.
¿Conclusión? El espectro está sustraído a su valor económico y se debe privilegiar su asignación para habilitar los derechos humanos, la igualdad jurídica y económica. ¿El objetivo regulatorio? Cobertura e inclusión digital.
¿La controversia? El IFT presentó dos propuestas a la Secretaría de Hacienda:
Primera: Bajar la carga fiscal e imponer a los operadores con espectro un impuesto anual equivalente a 1% de sus ingresos.
Segunda: “se recomienda establecer un esquema de cobro progresivo consistente en mantener los derechos en los niveles actuales para aquellos operadores que tengan participaciones de mercado superiores a 25% y disminuir los derechos a los niveles de referencias internacionales para aquellos operadores que tengan una participación menor a ese umbral”. Es decir, AT&T accede a ese beneficio y Telcel, no.
¿No estábamos de acuerdo en lo mismo? ¿Bajar los precios del espectro para todos los operadores, facilitar la inversión, el despliegue de infraestructura, abatir la brecha de acceso, reactivar al sector: cómputo, software, innovación y competitividad?
Había un mensaje de unidad con gobierno, empresas, cámaras, legisladores y analistas. El espectro es un bien público, parte del territorio del Estado de todos los mexicanos. Sin él no podemos igualar las oportunidades de los ciudadanos ni mejorar su educación, salud y seguridad. El espectro es un insumo esencial en la vida de la República. Fortalece nuestra democracia.
La propuesta de asignación asimétrica, margina ciudadanos, cancela la expansión de la conectividad, destruye el valor social del espectro, no estimula la inversión, ni la eficiencia de las empresas, el despliegue de infraestructura, no da certeza jurídica a los operadores, confunde al gobierno federal, a los legisladores y hasta a los medios.
Como el objetivo regulatorio es la competencia económica, no hay obligaciones de cobertura. Es un beneficio a la economía del operador, entrega de valor sin nada a cambio. Que bueno para la competencia, que malo para la inclusión digital. Difícil vender esto en presidencia.
Por Jorge F. Negrete P. presidente de Digital Policy & Law| Reforma
