El desarrollo del mercado interno se ha convertido en el punto de partida de prácticamente todos los programas políticos para las elecciones federales mexicanas de 2018: más consumidores con mayor poder de consumo para compensar el creciente riesgo del proteccionismo internacional sobre la economía. Esa idea ocupa un lugar preponderante en los discursos del actual presidente, Enrique Peña Nieto (PRI); de Andrés Manuel López Obrador, candidato del izquierdista Morena; y de los precandidatos del conservador PAN y del progresista PRD.
También se ha hecho con un lugar central en los últimos pronunciamientos públicos del hombre más rico del país, Carlos Slim, cuyo perfil político ha crecido como la espuma desde la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Pero ese loable objetivo pasa, inevitablemente, por un incremento sustancial de la inversión en infraestructuras que no se ha producido en los últimos años.
En economía, los multiplicadores lo son prácticamente todo cuando hay que decidir a qué destinar el dinero público: revelan la capacidad de una inversión de incrementar el crecimiento, el objetivo último de cualquier medida de política económica. Y en México, las cifras son concluyentes: por cada punto porcentual de PIB dedicado a infraestructuras, el crecimiento económico aumenta un 1,3%, según los datos de la agencia de calificación Standard and Poors.
Los datos, en cambio, sugieren justo lo contrario: que México ha desatendido las inversiones en infraestructuras en el último lustro marcado por los ajustes fiscales y el bajo crecimiento. En el periodo 2008-2013 —el último para el que hay datos de todos los países—, fue el país de América Latina que menos invirtió en este rubro (apenas el 1,7% del PIB). Esta cifra es casi la mitad que la media de los países de la región, lejos de economías menos desarrolladas como Honduras (más del 4% del PIB) y Nicaragua (por encima del 5%) y a años luz de sus propias tasas de inversión de hace tres décadas. Y, sobre todo, dista mucho de la suma a la que México debería aspirar para cerrar la brecha con países como EE UU o Canadá: el 5%. Para alcanzar esta cifra mágica propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las autoridades mexicanas deberían triplicar su esfuerzo inversor, algo que apenas figura en los programas electorales y cuya consecución parece difícil en un momento en el que dominan las restricciones presupuestarias.
