Mientras los jóvenes se mueven en un mundo digital; los gobiernos, las empresas y la sociedad civil tienen una mayor responsabilidad, garantizar una experiencia segura, creativa y productiva.
La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y, con ella, se incrementa la necesidad de colaboración entre múltiples actores involucrados. Entes gubernamentales, corporativos y sociedad civil, deben garantizar la protección de los más pequeños ante los riesgos que plantea el uso de Internet y las redes sociales. Según GSMA Intelligence, la penetración de suscriptores de Internet en América Central crece rápidamente.
Para 2020, se espera que el alcance promedio de la región llegue a un 80 por ciento. Con 33.2 millones de usuarios centroamericanos que oscilan entre los diez y diecinueve años, un número significativo de jóvenes que se conecta cada vez más rápido gracias a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes.
Este acceso digital ofrece innumerables beneficios y oportunidades sociales que no pueden ser subestimadas. De acuerdo con las estadísticas publicadas recientemente por UNICEF, en América Latina y el Caribe, unos 35 millones de niños y niñas entre 3 y 18 años no van a la escuela. Para este grupo, el acceso a oportunidades educativas digitales tiene el potencial de cambiar sus vidas.
Sin embargo, este acceso también genera preocupación por la seguridad y el bienestar de los usuarios jóvenes. Los desafíos incluyen los riesgos y peligros intrínsecos que plantea una Internet donde aquellos que desean hacer daño pueden enmascarar sus identidades y ubicaciones, con el potencial de aprovecharse de los más vulnerables.
Combatir este fenómeno y las amenazas que plantea no es tarea fácil. Sin embargo, organizaciones como Interpol, GSMA, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados junto con gobiernos nacionales y corporaciones como Millicom, han trabajado y continúan trabajando incansablemente para evitar que ocurra un daño, al mismo tiempo que lo identifican y detienen cuando sea y donde sea que lo hagan.
Desde Millicom, continuamos desarrollando y expandiendo la amplitud de nuestra herramienta de Evaluación del Impacto sobre los Derechos de la Niñez para Operadores Móviles (Mobile Operator Child Rights Impact Assessment Tool), desarrollada en asociación con UNICEF, señala Rachel Samrén, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Asuntos Externos de Millicom
Esta herramienta, disponible de forma gratuita para otras empresas de la industria móvil, nos ayuda a evaluar cómo nuestras operaciones, productos y servicios impactan los Derechos de la Niñez. La educación sigue siendo un pilar clave de nuestro trabajo. En los últimos cuatro años, hemos llegado a más de 361.000 niños en toda la región con capacitación en nuestro programa de Protección Infantil en Línea (COP), enfocado en educar a menores y adultos sobre el uso responsable, creativo y seguro de Internet.
Este trabajo está lejos de estar terminado. Para 2023, nuestro objetivo es llegar a 70.000 maestros, 200.000 padres, madres y cuidadores, y 700.000 menores y adolescentes con nuestro programa COP. Para fines de 2020, también completaremos un estudio amplio y profundo sobre el uso de la tecnología por parte de niños y adolescentes en todo el continente.
El informe resultante nos brindará una visión más completa acerca de los riesgos que los jóvenes enfrentan actualmente, cómo prevenirlos y cómo podemos promover el uso productivo y creativo de la red, aprovechando su potencial como una herramienta que cambia la vida de millones de niños, niñas y adolescentes en toda América Latina, finalizó Samrén.
