El marco regulatorio fiscal de la conectividad ha quedado obsoleto ya que no refleja el actual rol de estos servicios en la sociedad y la economía.
Así lo evidencia “Impuestos específicos al sector móvil en América Latina. Impacto sobre la conectividad y la recaudación fiscal”, un nuevo estudio de la GSMA que releva y analiza las tasas generales y específicas que recayeron sobre estos servicios en 18 países de la región en 2023.
En dicho año, la contribución fiscal del sector fue de 2,8% más del doble de lo que debería con base en su contribución económica al PIB de la región que es de 1,3%. Los impuestos específicos recaen tanto sobre la oferta como sobre la demanda de servicios móviles.
Del lado de los operadores, el sector está sujeto a algún tipo de tasa específica en todos los países analizados. Estas incluyen pagos recurrentes por licencias y uso del espectro, tasas regulatorias y aportes a los fondos de servicio universal. Del lado de los usuarios, 14 de los 18 países imponen impuestos específicos como un IVA más alto, aranceles aduaneros a dispositivos, tasas de activación y numeración.
Estas cargas son particularmente regresivas, ya que impactan de un modo desproporcionado a las personas más desfavorecidas. Excepto algunas medidas aisladas, la región mantiene sobre el sector una carga fiscal similar o mayor a la identificada casi una década atrás.
En 2023, los impuestos específicos a la conectividad móvil en América Latina acumularon aproximadamente USD 4.650 millones, equivalentes al 6,5% del costo total de la conectividad. La carga no fue uniforme en la región. Mientras que República Dominicana, Brasil, Argentina y Bolivia aplicaron impuestos específicos de más del 10% de dicho costo; Guatemala, El Salvador y Uruguay lo hicieron por debajo del 2%.
Además de disminuir la capacidad financiera de los operadores para invertir, los impuestos a la conectividad móvil aumentan los precios de los dispositivos y servicios, obstaculizando el cierre de la brecha digital.
Se considera que los servicios móviles son asequibles si el costo total de la propiedad móvil (TCMO) no supera el 2% de los ingresos mensuales de los usuarios. En América Latina, en 2023, ninguno de los países estuvo por debajo de ese umbral para el 20% de la población de menores ingresos.
Con base en un modelo econométrico, el estudio de la GSMA simula un escenario de reducción de impuestos específicos para medir sus efectos sobre la inclusión digital y la recaudación fiscal en ocho países. Los resultados revelan que una reforma en este sentido podría volver los servicios móviles asequibles para más de 30 millones de personas en la región. Dicha reducción no provocaría efectos negativos en la recaudación, sino más bien lo contrario.
“Los marcos impositivos de la región fueron diseñados en una época en la que la conectividad móvil era un símbolo de estatus, y gravarla generaba ingresos fiscales con un impacto social acotado. Hoy, estos servicios son democratizadores del desarrollo social y económico. En este contexto, mantener impuestos específicos implica un alto costo de oportunidad. Reducirlos permitiría cerrar brechas de conectividad y sumar a 30 millones de latinoamericanos al mundo digital, incrementando incluso los ingresos del Estado”, señaló Lucrecia Corvalan, Directora de Políticas Públicas para América Latina, GSMA.
Fuente: GSMA
