La economía sumergida, informal o en negro, es aquella que no recibe las atenciones de las distintas áreas públicas, es decir no paga ningún tipo de impuestos, pero a la vez se queda fuera de los paraguas de protección social para los casos en los que un empleado debe parar su actividad, como en la situación actual.
Para hacernos una idea de lo que implica tomemos el caso español, en el que los empleadores que no puedan continuar con su actividad por causas del estado de alarma decretado pueden acogerse a un ERTE -Expediente de Regulación Temporal de Empleo- mediante el cual la sociedad en su conjunto se hace cargo del setenta por ciento del salario de los empleados durante el tiempo que dure la emergencia, y en teoría se salva tanto el puesto de trabajo como el tejido productivo que lo hace posible. ¿Ven el problema? En el caso de empleados que cobren su salario en “negro” quedarán totalmente fuera del sistema de ayudas, al no haber constancia de que existiera tal relación laboral.
¿Por qué existe la economía sumergida?
Por poco deseable que sea la situación de encontrarse trabajando al margen del sistema tributario es cierto que muchas veces es la única alternativa para millones de trabajadores -el FMI calculaba que hasta 130 millones de latinoamericanos trabajaban en la economía sumergida en el 2017- ya sea porque lo escaso del beneficio obtenido haría el trabajo inviable en caso de soportar las cargas financieras, o porque la anquilosada burocracia les ha dejado fuera del sistema por la falta de algún permiso.
A su vez, aunque sea imposible de reconocer por las autoridades, la actividad informal provee de los medios para vivir a millones de familias, que de otra forma estarían al cargo de las agotadas arcas del estado y por lo tanto permiten mantener la paz social, al alejar el fantasma del hambre.
En cualquier caso, y atendiendo al mismo informe del FMI, la economía sumergida retrocede en todo el mundo -o lo hacía antes del COVID-19, habrá que ver si no experimenta un repunte durante los próximos meses como ya vaticinan organizaciones empresariales del ámbito iberoamericano- lo cual es síntoma inequívoco del retroceso de la pobreza a nivel mundial, reducción a la que ha contribuido el flujo de capitales entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
Financiación vía remesas, una de las fuentes de financiación de familias al sur del Río Grande son las remesas que los trabajadores desplazados a EEUU envían a sus familias – en ellas tiene un papel cada vez más importante la criptomoneda de Ripple XRP (xrpusd), que aunque al cambio no llega ni a los veinte céntimos de dólar ha ayudado a agilizar y a abaratar el proceso enormemente-, y en este caso podría ayudar a paliar el difícil momento de cientos de miles de familias que dependen de la economía sumergida… de no ser porque EE.UU. tampoco se ha salvado de la pandemia, y muchos hispanos en situación irregular en el vecino del norte tampoco pueden salir a trabajar, Bolsa y deuda soberana.
La misma incertidumbre que detiene totalmente la formalización de nuevos contratos laborales -un contrato obliga al empresario a asumir unos costes fijos que en estos momentos pueden ser inasumibles- y ayuda a crecer a la economía sumergida, es la misma que hace salir el dinero de los mercados tradicionales o de la compra de deuda nacional, pudiendo ser este capital desviado a otros menesteres o reservado para tiempos menos caóticos. Los inversores de todo el mundo quedan atentos a lo que pueda pasar.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la masiva emisión de deuda que van a necesitar los estados, mal momento ha elegido Argentina para declarar su deuda como odiosa, ya que en breve deberá acudir a los mercados a pedir -como gran parte de los estados- y la mala disposición de los argentinos a pagar la deuda actual puede crear desconfianza en quién debería comprar estos nuevos bonos. Recientemente el estado argentino ha logrado negociar la reestructuración de un volumen muy grande de la deuda con bonistas locales con un talante que debiera servir de ejemplo para futuras negociaciones con acreedores extranjeros y supraestatales.
