Con la aprobación del informe del diputado Jovair Arantes, la comisión especial de la Cámara de Diputados, dio camino libre para que el plenario vote por la continuidad del juicio político contra Dilma Rousseff.
Dicha comisión marcó en la noche del lunes un paso clave hacia la destitución de la mandataria. En total, 38 de los miembros votaron a favor del proceso y 27 se mostraron contrarios.
Esta primera etapa de votaciones debe concluirse el domingo 17 de abril, -algo buscado- para permitir que la población brasileña salga a manifestarse a la calle presionando aun más a los diputados.
Si la oposición obtiene los 342 votos (sobre 513 posibles), entonces el proceso sigue en la Cámara de Senadores, donde serán necesarios 41 votos a favor (sobre 81 posibles) para que la presidenta Rousseff sea suspendida provisoriamente de la Presidencia de la República por el plazo de 180 días. En este proceso, asumiría interinamente el vicepresidente de la República, Michel Temer.
Trece ejecutivos de la Constructora Andrade Gutierrez homologaron ante la Suprema Corte de Justicia, la figura del «arrepentido» y en sus declaraciones, entregaron documentos y planillas en que ratifican que la empresa realizó aportes a las campañas de Rousseff y Temer, tanto del 2010 como del 2014.
Si bien el ex presidente Lula da Silva, se encargó de reforzar la idea de que la empresa también realizó aportes para la campaña presidencial del candidato opositor Aecio Neves, resulta complicado aceptar que el Partido de los Trabajadores haya permitido aportes de la oposición, con recursos provenientes de la corrupción de la empresa Petrobras, administrada por el gobierno Petista.
En este mismo contexto, el Tribunal Superior Electoral nombró como presidente para el próximo periodo que comienza en mayo, al Ministro de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, como ministro indicado para el cargo en la Corte por el Gobierno del Ex Presidente Fernando Henrique Cardoso (es decir que no se trata de un Ministro “amigo” del Partido de los trabajadores.)
El último jueves, el ex presidente Lula da Silva declaró ante los fiscales que investigan el escandalo de corrupción de Petrobras –conocido como «Lava Jato»– por su supuesta participación para evitar que unos de los delatores, Nestor Cerveró, arregle su situación con la justicia.
Las declaraciones de Lula no agradaron a los investigadores y el propio fiscal general, Rodrigo Janot, recomendó a la Corte Suprema que Lula no asuma como Ministro Jefe de Gabinete y, en su informe, dejó abierta la puerta para solicitar autorización a la Corte para investigar a Rousseff por obstrucción a la Justicia al haber nombrado a Lula como ministro, con el único objetivo de evitar su eventual y posible pedido de prisión.
