La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) ha solicitad a el Presidente Horacio Cartes mediante carta que, en pleno uso de sus facultades constitucionales, vete la Ley que regula la activación de líneas telefónicas, ya que tal como está planteada dicha normativa es inaplicable y generaría severos efectos nocivos para los consumidores y el mercado.
El Presidente de Paraguay tiene en sus manos el tratamiento final de la ley sobre activación de líneas telefónicas. La propuesta fue aprobada en diputados el año pasado y pasó al Senado, que la devolvió con cambios. La Cámara Baja aceptó algunas modificaciones y desechó otras para que luego el Senado apruebe el texto final el 23 de agosto de 2017.
De aprobarse la ley, los operadores tendrán la obligación de pedir a cada usuario del servicio que presente su cédula y complete un formulario que incluye la impresión dactilar del pulgar para registrar su línea. Los clientes que no lo hagan en el plazo de un año, la perderán.
Esto supone un primer problema debido a que el plazo de un año para que los usuarios acudan físicamente a brindar sus datos nuevamente a su operador generaría dificultades que podrían implicar que personas y empresas vieran desactivadas sus líneas, sobre todo en segmentos desfavorecidos o a regiones alejadas de los centros urbanos.
Por otro lado, una segunda complicación es que la existencia de un registro no garantiza que la información proporcionada por parte de los usuarios sea real y la obligación de que sean los concesionarios quienes verifiquen la veracidad de dichos datos es poco factible, además de implicar una alta carga de costos a las operadoras. En el país existen más de 7 millones de líneas celulares, por lo que los afectados por dificultades podrían ser miles de usuarios.
ASIET solicita revisar el procedimiento de registro y los plazos establecidos, de forma que todos los sectores de la población puedan cumplir con lo estipulado. También solicitó que se abra “un espacio de diálogo entre las autoridades públicas, las empresas y el Congreso, para consensuar las modificaciones necesarias para que el proyecto pueda cumplir el objetivo de proteger a la población, a la vez que se eviten los inconvenientes mencionados”.
Respecto a la responsabilidad penal de los representantes de las empresas prestadoras, creemos que se trata de una medida extrema que no se condice con la permanente voluntad de esta industria por contribuir al desarrollo del Paraguay.
Además una medida como esta podría causar que las operadoras limiten su actividad comercial únicamente a la venta directa en sus locales, causando perjuicios económicos para miles de trabajadores dedicados a estas tareas al suponer la desaparición de numerosos puntos de venta tercerizados, dificultando aún más el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones.
La desaparición de estos puntos de venta podría implicar además el surgimiento de nuevos mercados ilegales de venta de terminales. Con los peligros que esto supone o la comisión de nuevos delitos relacionados con la usurpación de la identidad de los usuarios.
