El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó este miércoles 20 un conjunto de leyes y decretos destinados a fortalecer la seguridad digital en Brasil. Los actos se formalizaron durante la ceremonia de los 100 días del Pacto Nacional Brasil contra el Feminicidio, en el Palacio del Planalto. El paquete incluye disposiciones sobre legislación digital específicamente dirigidas a proteger a las mujeres y combatir la violencia de género. Los decretos se firmaron sin necesidad de la aprobación del Congreso Nacional y se publicarán en el Diario Oficial de la Unión (DOU).
Una de las disposiciones aborda la protección de las mujeres en internet y establece obligaciones para las plataformas digitales frente a los delitos de violencia en línea. La otra actualiza la normativa del Marco Civil de Internet (MdI), en consonancia con la interpretación del Tribunal Supremo Federal sobre la responsabilidad de las plataformas.
El decreto que protege a las mujeres en el entorno digital exige que las plataformas mantengan un canal específico, permanente y de fácil acceso para denunciar contenido íntimo difundido sin consentimiento. La eliminación del material debe efectuarse en un plazo de dos horas tras la notificación.
La norma abarca situaciones de exposición de imágenes de desnudos no consentidas, incluidas las creadas mediante inteligencia artificial, así como la desnudez de niñas y mujeres, amenazas, acoso y hostigamiento coordinado. Las plataformas también deben conservar las pruebas e información necesarias para la investigación y el enjuiciamiento de los perpetradores.
El texto también incluye la prohibición del uso de inteligencia artificial para producir imágenes íntimas falsas o sexualizadas de mujeres, dentro del marco de las medidas preventivas exigidas a las plataformas. El objetivo es combatir la difusión de deepfakes sexuales, una práctica que ya está tipificada como delito.
El segundo decreto actualiza el Decreto N° 8.771 de 2016, que regula el Marco Civil de Internet de Brasil. La modificación incorpora la interpretación del Supremo Tribunal Federal sobre la inconstitucionalidad parcial y progresiva del régimen de responsabilidad de las plataformas digitales.
El texto establece medidas para combatir el fraude digital, la publicidad engañosa y las redes artificiales utilizadas para difundir estafas. Las empresas que venden publicidad deben almacenar datos que permitan la eventual rendición de cuentas de los perpetradores y la indemnización por daños y perjuicios a las víctimas.
En casos de contenido delictivo impulsado por publicidad pagada, las plataformas podrán ser consideradas responsables cuando existan fallas reiteradas en la adopción de medidas para prevenir el fraude, las estafas y los delitos. En otros casos, la eliminación podrá efectuarse tras la notificación, con el análisis por parte de la empresa, la información a la parte denunciante y a la persona responsable del contenido, así como la posibilidad de impugnación.
Función de la ANPD
La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) será responsable de supervisar el cumplimiento proactivo de las obligaciones de las plataformas. La evaluación debe considerar el desempeño sistémico y diligente de las empresas, y no decisiones aisladas sobre contenido específico.
El decreto también prohíbe a la ANPD (Autoridad Nacional de Protección de Datos) enviar notificaciones a las plataformas para que adopten medidas relacionadas con contenido o perfiles aislados. Los servicios de mensajería privada, correo electrónico y videoconferencia quedan excluidos de las nuevas normas sobre la circulación de contenido ilícito, en aras de la confidencialidad de las comunicaciones.
Fuente: Telesintese
