Bolivia: Despliegue de infraestructura necesita inversión y permisos

Las nuevas tecnologías inalámbricas que permiten al usuario acceder a Internet con velocidades superiores a los 250 Mbps son una realidad en mercados como Chile y Perú. No obstante, la expansión de estos servicios a mercados como Bolivia se ve obstaculizada por los problemas que enfrentan los prestadores de servicios móviles al momento de solicitar autorización para desplegar infraestructura en un mercado que supera los 10 millones de líneas móviles.

La armonización en los procesos de entregar autorizaciones para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones debe ser acompañada de medidas informativas que permitan a las personas tener pleno conocimiento del impacto de las antenas de redes inalámbricas en la salud de las personas. Es sumamente importante resaltar los estudios publicados al respecto por la Organización Mundial de la Salud y mostrarles a las personas que hasta la sede de esta entidad tiene en su edificio numerosas antenas para servicios móviles.

Por el contrario, la expansión de redes móviles de última generación tiene un impacto positivo en los mercados ya que permite la creación de nuevos modelos de negocio. Además, viabiliza la expansión de servicios como salud electrónica, teletrabajo o teleeducación. Todos estos son elementos que mejoran la calidad de vida de las personas.

En este sentido, el diálogo entre los operadores, el ente regulador y los representantes de la administración local (municipalidades o en departamentos) en búsqueda de prácticas de despliegue de nuevas infraestructuras es fundamental para que se logre un consenso y la adopción de reglas en común, según el estudio Adopción digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región, publicado en 2016 por 5G Americas.

El documento Adopción digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región puede ser descargado remarca que, para continuar incrementando la adopción y mejorar las condiciones del servicio, así como también integrar nuevas tecnologías, los operadores deben realizar inversiones continuas en redes e infraestructuras, que sólo pueden materializarse con la obtención de los permisos necesarios.

Asimismo, los retrasos en la concesión de estas autorizaciones ocasionan que estas inversiones queden inmovilizando, perjudicando no sólo la prestación de servicios sino también la creación de empleos directos e indirectos relacionados con el despliegue de infraestructura.

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